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Documento 1
4 de enero de 1966
A raíz de una oleada de secuestros organizados por grupos insurgentes, el Asesor de Seguridad Pública John Longan, destacado en Venezuela y en comisión de servicios temporal, asiste al gobierno de Guatemala en la organización de un cuerpo de operaciones urbanas “antiterroristas”. Longan asesora a los militares de alto rango y oficiales de policía participantes sobre cómo llevar a cabo operaciones públicas y encubiertas, incluyendo el diseño de “planes de congelación de áreas” para facilitar las redadas de la policía, el bloqueo de carreteras dentro de la capital y la creación de un “centro de seguridad” en el Palacio Presidencial que centralice la información sobre secuestros. La estrategia de Longan requiere que la CIA ponga en marcha un nuevo programa de inteligencia de largo alcance e insta a los asesores norteamericanos de la policía a incrementar su influencia sobre las fuerzas armadas de Guatemala. [Nota: En el documento, CAS son las siglas en inglés de
Personal de Acciones Encubiertas/Covert Action Staff, brazo operativo de
la sección de la CIA en Guatemala.]
Marzo de 1966
La sección de la CIA en Guatemala informa de la captura, interrogatorio
y ejecución clandestina de cinco personas que habían entrado
“ilegalmente” en Guatemala desde México a principios de marzo de
1966. Este documento evalúa la fiabilidad de la información
extraída de las víctimas durante los dos días de tortura
que siguieron a su arresto el 3 de marzo y antes de ser asesinadas a manos
de las fuerzas de seguridad guatemaltecas el día posterior.
Entre los ejecutados estaba Leonardo Castillo Flores un alto dirigente
del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) y de las Fuerzas Armadas Rebeldes
(FAR), brazo armado del PGT.
Marzo de 1966
La sección de la CIA en la ciudad de Guatemala informa de la
ejecución clandestina de varios “comunistas y terroristas” por las
autoridades guatemaltecas en la noche del 6 de marzo de 1966. Las
víctimas, entre ellas el líder del Partido Guatemalteco del
Trabajo (PGT) Víctor Manuel Gutiérrez, son varios de los
más de 30 miembros y simpatizantes del PGT secuestrados, torturados
y asesinados por las fuerzas de seguridad guatemaltecas en marzo de 1966.
Esta operación fue resultado directo de las tácticas de “antiterrorismo”
urbano diseñadas por oficiales de EEUU en apoyo del gobierno de
Peralta. Se hizo tristemente famosa como el primer caso de “desaparición”
forzada en masa en la historia de Guatemala, y sin duda en toda Latinoamérica,
y sirvió como uno de los “Casos Ilustrativos” del informe de 1999
de la Comisión de Esclarecimiento Histórico.
3 de diciembre de 1966
El Adjunto al Jefe de la Misión de EEUU en Guatemala, Viron Vaky,
remite a Washington el telegrama del General Robert W. Porter, Comandante
en Jefe del COMANDO SUR, recibido en la embajada. El telegrama de
Porter describe la solicitud que le hizo el Viceministro de Defensa guatemalteco,
Coronel Francisco Sosa Ávila, de asistencia norteamericana para
el entrenamiento clandestino de escuadrones especiales que tendrían
como objetivo el secuestro de izquierdistas. Aunque Porter rehúsa,
no duda en recomendar que EEUU “apoye íntegramente la actual mejora
de los programas de la policía e inicie la instrucción militar
en técnicas de guerra psicológica y otros entrenamientos
adicionales en operaciones contrainsurgentes”. Vaky está inquieto
por estas solicitudes y observa que, “Si incrementamos la ayuda en la complicada
situación actual podemos contribuir involuntariamente a la desestabilización”.
23 de octubre de 1967
Thomas L. Hughes de la Oficina de Inteligencia e Investigación
del Departamento de Estado pone en duda la habilidad del gobierno de Guatemala
para controlar las fuerzas policiales y militares a la luz del “acopio
de pruebas de que la máquina contrainsurgente está fuera
de control”. El documento describe algunos de los métodos
utilizados “con éxito” en Guatemala, incluyendo “operaciones públicas
y encubiertas de las fuerzas de seguridad guatemaltecas y cómplices
civiles de extrema derecha” y la formación de unidades clandestinas
antiterroristas para llevar a cabo secuestros, bombardeos, torturas y ejecuciones
“de comunistas reales o sospechosos de serlo”.
circa noviembre de 1967
La sección de la CIA in Guatemala informa que SCUGA, escuadrón
urbano antiterrorista del Ejército de Guatemala, planea extender
sus operaciones y construir una red de inteligencia. La nueva unidad
reunirá información obtenida a través del arresto
e interrogación de “comunistas revolucionarios” y reclutará
informantes entre los capturados. Ocasionalmente sus miembros también
llevarán a cabo “tareas especiales”, incluyendo el asesinato de
autoridades civiles consideradas subversivas.
Febrero de 1968
Miembros del Cuarto Cuerpo de la Policía Nacional arrestaron
y ejecutaron a cuatro sospechosos de subversión: Rafael Tischler
Guzmán, Cayetano Barrero Juárez, Julio César Armas
González y Enrique de la Torre Morel. Intentando encubrir
la operación, las fuerzas de seguridad guatemaltecas informaron
engañosamente a la prensa que se había producido un tiroteo
con las víctimas tras el descubrimiento por las fuerzas armadas
de un alijo de armas y propaganda subversiva.
29 de marzo de 1968
Viron Vaky, actualmente de vuelta en Washington en el Consejo de Planificación Política del Departamento de Estado, hace una crítica durísima de la política de EEUU en Guatemala en un memorando a Covey Oliver, Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos. Vaky señala que la actuación antiterrorista del gobierno de Guatemala es indiscriminada y brutal y ha obstaculizado la modernización y el desarrollo institucional del país. Además, sigue diciendo, los Estados Unidos han condonado tales prácticas. “No sólo porque hayamos llegado a la conclusión de que no podemos hacer nada, realmente nunca lo hemos intentado, sino porque sospechamos que, quizás, se trate de una buena táctica siempre que los comunistas sean los que mueren. El asesinato, la tortura y la mutilación son admisibles si es nuestro bando el que los ejecuta y los comunistas son las víctimas.” Vaky recomienda una nueva política hacia Guatemala que rechace el antiterrorismo y defina una posición ética clara para los Estados Unidos. En una entrevista periodística 30 años más tarde,
Vaky señaló que dudaba que nadie en el Departamento de Estado
hubiera leído jamás su memorando. En todo caso, Vaky
siguió su camino y tuvo una larga carrera llena de éxitos
como funcionario del servicio exterior norteamericano en Latinoamérica
y otros destinos.
Abril de 1968
La sección de la CIA en Guatemala informa que los cambios recientes
en los altos mandos del ejército de Guatemala son parte de un esfuerzo
del gobierno por aumentar la eficacia de las operaciones contrainsurgentes
y poner a las fuerzas de seguridad bajo un control más estricto.
Aunque las actividades encubiertas del Cuarto Cuerpo de la Policía
Nacional van a terminar, el gobierno tiene intención de retener
un grupo escogido entre el personal del Cuarto Cuerpo para futuras operaciones.
El SCUGA (Unidad Especial de Comando del Ejército de Guatemala)
continuará funcionando, pero será usado sobre unas “bases
más limitadas”. El gobierno también espera desarmar
a grupos anticomunistas en el noroeste.
Julio de 1968
Una fuente le cuenta a la sección de la CIA en Guatemala que,
para evitar “la publicidad desfavorable” todos los insurgentes que sean
asesinados por las fuerzas de seguridad guatemalteca deberán aparecer
como muertos en enfrentamientos armados, independientemente de cómo
realmente hayan perecido. Un juez, insiste la fuente, deberá
ser llamado al lugar del “enfrentamiento” siempre que sea posible para
dar credibilidad a este montaje ficticio.
circa 1968/69
Este análisis propone que la asistencia de EEUU a Guatemala en
temas de seguridad se centre en la crisis interna creada por la insurgencia
y evalúa la capacidad del ejército, la inteligencia y las
unidades de policía del país para superarla. Se incluye
una descripción del precursor institucional del Archivo –el “Grupo
de Seguridad Nacional para las Actividades Subversivas”, integrado por
oficiales “entrenados en programas de EEUU”- encargado de reunir inteligencia
infiltrando grupos guerrilleros, interviniendo teléfonos, controlando
el correo privado y coordinándose con otros servicios de inteligencia
centroamericanos. El documento también recomienda que se establezca
un Centro Conjunto de Operaciones [en inglés JOC/Joint Operations
Center] en el Palacio Presidencial que sirva como centro “donde se coteje
y coleccione toda la inteligencia disponible sobre individuos subversivos”.
19 de mayo de 1970
El Embajador de EEUU Nathaniel Davis informa de las actividades de un
nuevo “escuadrón de la muerte” autodenominado Ojo por Ojo [en inglés
Eye for Eye], “la respuesta de extrema derecha a la violencia de izquierdas”.
Ojo está compuesto fundamentalmente por “residuos de la SCUGA”,
es decir, se trata de un “grupo militar que cuenta con la cooperación
de algunos civiles”. Cansado de lo que considera un fallo del gobierno
a la hora de actuar con energía contra las guerrillas, Ojo ha torturado
y asesinado por lo menos a 10 sospechosos de subversión. Una
nota manuscrita en el documento por un funcionario norteamericano no identificado
dice, “Esto es lo que nos temíamos si se aumentaba el apoyo a la
seguridad pública”.
12 de enero de 1971
En pleno estado de sitio, que llegara a ser de un año de duración,
impuesto por el Presidente Carlos Arana Osorio, este documento informa
que las fuerzas de seguridad guatemaltecas han “eliminado silenciosamente”
a cientos de “terroristas y bandidos” en su mayoría en la zona rural
y estimula a Arana a “mantener el estado de sitio indefinidamente”.
En la ciudad de Guatemala la policía detuvo y asesinó “alrededor
de 30 sospechosos de terrorismo”, entre ellos un alto miembro del Partido
Comunista. El boletín también señala que el
ejército ha cerrado todas las carreteras que salen de la ciudad
y está llevando a cabo registros casa por casa en búsqueda
de izquierdistas subversivos.
13 de junio de 1972
Este informe es una descripción de la organización y funciones
de la sección de inteligencia del ejército a mediados de
1972 en el que se refiere a la G-2 como “pequeña e ineficaz” y se
observa que el gobierno es reacio a mejorarla debido a su papel en “la
conducción de investigación sobre los asuntos personales
de oficiales de alto rango y otros funcionarios del Gobierno” en el pasado.
17 de diciembre de 1974
Este boceto biográfico del que fuera jefe del Archivo bajo Arana
Osorio contiene detalles de su historia personal y carrera militar.
Como cabeza del Servicio Presidencial de Inteligencia, Ramírez Cervantes
era responsable de la planificación y conducción de redadas
contra los grupos insurgentes, los interrogatorios, la vigilancia y el
control de los viajeros que entraban y salían de Guatemala.
Según este documento sus antecedentes incluyen la instrucción
en la Escuela de Inteligencia del Ejército norteamericano en Fort
Holabird, Maryland.
Noviembre de 1979
Este informe de inteligencia describe los esfuerzos del Presidente Romeo
Lucas García para hacer frente a la insurgencia en expansión
en un momento en que las relaciones militares con los Estados Unidos se
han enfriado como consecuencia de la pobre actuación de Guatemala
en materia de derechos humanos. El documento señala el resurgimiento
de las actividades de los escuadrones de la muerte y el creciente nivel
de violencia contra la oposición política y las organizaciones
sindicales en la ciudad de Guatemala. El ejército también
ha puesto en marcha operaciones contrainsurgentes en el Quiché,
“pero ha sido incapaz de ejercer una presión real o de culminar
una acción decisiva”. El informe sugiere que la insistencia
de los EEUU en vincular la asistencia en temas de seguridad con los derechos
humanos ha convencido a los guatemaltecos de la necesidad de buscar otras
fuentes de ayuda y equipamiento –tales como aviones en Suiza, entrenamiento
en Israel y armamento nuevo en Bélgica, Corea del Sur y Francia.
Abril de 1981
La CIA hace un relato de la masacre ocurrida en el pueblo de Cocob el
17 de abril de 1981. Buscando el paradero de una unidad del Ejército
Guerrillero de los Pobres (EGP) sospechosa de haber tendido una emboscada
a una patrulla del ejército dos días antes, una compañía
armada de tropas aerotransportadas entró en el pueblo donde encontró,
“un tropel indómito de aldeanos” que “parecían apoyar enteramente
a las guerrillas”. Muchos no combatientes fueron asesinados en el
tiroteo consiguiente. “Los soldados”, una fuente explica, “se vieron
forzados a disparar a todo lo que se moviera”.
5 de octubre de 1981
En una reunión celebrada en 1981 con el General Vernon
Walters, el Presidente Lucas García dejó muy claro que, a
pesar de la presión de los EEUU en materia de derechos humanos,
“la represión continuaría…y la amenaza guerrillera sería
completamente derrotada” con o sin ayuda de la asistencia militar de los
EEUU. En este memorando, Robert L. Jacobs, funcionario de la Oficina
de Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios del Departamento de Estado,
sostiene que los EEUU deberían distanciarse de la política
represiva del gobierno de Lucas. Si Lucas se equivoca y el fracaso
de la represión se hace evidente con el tiempo, Jacobs sugiere,
el gobierno “no tendrá más remedio que buscar asistencia
política y militar en los EEUU más o menos bajo nuestras
condiciones”. Pero si Lucas tiene éxito y extermina la guerrilla,
“no hay ninguna necesidad de que EEUU se implique en la represión
suministrando asistencia en temas de seguridad al GOG [siglas en inglés
de Government of Guatemala/Gobierno de Guatemala]. Para entonces
ya se podrán establecer relaciones normales.
5 de febrero de 1982
Un informe de un comité especial de la CIA predice que las operaciones
militares planificadas para la región Ixil de El Quiché podrían
producir “enfrentamientos importantes” con la guerrilla y “graves abusos
de derechos humanos por las fuerzas armadas”. El General Benedicto Lucas
García, Jefe del Estado Mayor del Ejército, ha indicado que
“es probable que sea necesario destruir un cierto número de aldeas”.
Febrero de 1982
Las masacres perpetradas por el ejército continúan durante
los días anteriores al golpe militar que derrocó a Lucas.
Este telegrama de la sección de la CIA describe las “barridas” del
ejército de Guatemala por el Triángulo Ixil en El Quiché.
El objetivo de la operación es destruir todos los pueblos y aldeas
sospechosos de apoyar al Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP).
Según el autor del telegrama, el ejército todavía
no ha encontrado ninguna fuerza guerrillera importante en el área
y su posible éxito se ha visto limitado por la destrucción
de pueblos enteros y el asesinato de indios sospechosos de colaborar o
simpatizar con los rebeldes. El ejército está convencido
de que toda la población indígena de Ixil apoya a la guerrilla
y “ha creado una situación que ha forzado al ejército a no
dar cuartel a combatientes y no combatientes por igual”.
16 de abril de 1982
El General Ríos Montt, que tomó el poder en marzo, ha
emitido la Orden General Número 10 cambiando el destino de alrededor
de 400 oficiales del ejército con la intención de consolidar
su base de poder dentro de las fuerzas armadas y prevenir un posible contragolpe
contra su recién instaurada junta militar. Este telegrama
identifica dos grupos de jóvenes oficiales del ejército guatemalteco
insatisfechos con la situación actual: 1) aquellos que
apoyaron el golpe de Ríos Montt pero creen que no está decidido
a convocar elecciones y 2) aquellos que no apoyaron el golpe y han
sufrido las consecuencias. El documento también informa que
el Movimiento Nacional de Liberación (MNL), un partido político
de derecha, está cortejando a ambas facciones con el objeto de dividir
a los militares y “después, tomar las riendas del gobierno cuando
la junta caiga”. Otros oficiales, principalmente aquellos fuera de
la capital, se han mantenido fuera de la lucha política por el poder
y están más preocupados por el reciente “respiro” en la ofensiva
contra la guerrilla. El documento avisa que una “división
seria…dentro de las fuerzas armadas” permitiría a la guerrilla “entrar
paseando en la ciudad de Guatemala sin ser molestada”
10 de mayo de 1982
Dos meses después del golpe militar que le llevó al poder,
el General Ríos Montt continúa fortaleciendo su posición
eliminando a aquellos oficiales sospechosos de participar en conspiraciones
golpistas. La promoción número 73 de la Academia Militar
guatemalteca es un grupo de oficiales -muchos de los cuales llegarán
a ocupar posiciones de liderazgo- particularmente coherente en su oposición
a Ríos Montt. Les une el desacuerdo con la Orden General Número
10 de modificación masiva de destinos y se sospecha que conspiran
contra la junta. Ríos ha ordenado el arresto e investigación
de tres de sus miembros más prominentes con el objeto de intimidarles
–Capitán Mario López Serrano, Roberto Enrique Letona
Hora y Otto Pérez Molina- amenazándoles con hacer públicas
sus corruptelas si continúan la oposición a su mandato.
Febrero de 1983
Ha venido produciéndose un incremento constante de la “violencia
presuntamente de derecha”, los secuestros –particularmente de estudiantes
y personal docente- han aumentando de número y los cadáveres
vuelven a parecer en las cunetas y zanjas, prácticas asociadas con
el régimen anterior. Desde que tomó el poder en marzo
de 1983 el Presidente Ríos ha experimentado mecanismos legales nuevos
para tratar a los guerrilleros y sospechosos de subversión capturados;
pero las fuentes informan que en octubre de 1982 se les dijo a los oficiales
del Archivo que “los guerrilleros conocidos no volverían a quedar
bajo custodia de las cortes especiales”, y que eran libres para “arrestar,
retener, interrogar y deshacerse de guerrilleros sospechosos a su conveniencia”.
Las fuentes también señalan que la unidad está participando
en operaciones militares contra los pueblos de El Quiché.
Aunque el telegrama no contiene información vinculando al Archivo
con actividades fuera de la ley, el Embajador Frederic Chapin, en un comentario
al final del documento, dice “estar firmemente convencido” de que la explosión
reciente de violencia está ordenada y dirigida por “por oficiales
de las fuerzas armadas próximos al Presidente Ríos Montt”.
23 de mayo de 1983
Este informe resumido examina los recientes esfuerzos de reestructuración
del ejército de Guatemala diseñados para aumentar la eficacia
del control del ejército sobre “el personal civil del gobierno,
policía, reservistas Fuerzas Civiles de Defensa así como
el personal militar a nivel ministerial”. El establecimiento de zonas
militares más pequeñas y la institucionalización de
“Fuerzas de Tareas” especiales del ejército en áreas con
fuerte actividad guerrillera proporcionará a los comandantes del
ejército mayor flexibilidad a la hora de reunir una fuerza adecuada
a las condiciones y problemática de cada zona. Aunque se espera
que este plan organizativo mejore substancialmente los resultados de la
lucha contrainsurgente del ejército, el documento también
avisa que la presencia creciente del ejército por todo el país
“puede atrincherar todavía más el dominio militar en detrimento
de un proceso de democratización”.
30 de junio de 1983
A medida que la oposición al régimen del General Ríos Montt crece, las fuentes de inteligencia militar de los EEUU se dan cuenta de que se está urdiendo un golpe de estado dentro de las fuerzas armadas y pronostican que Ríos será derrocado dentro de los próximos 45 días. La impopularidad del presidente se atribuye a varias razones: 1) La creencia generalizada entre los oficiales del ejército de que sus maniobras han socavado el orden y la disciplina del ejército; 2) Las acusaciones de corrupción dentro de su administración; 3) La inquietud ante el entusiasmo de sus creencias evangélicas que están reñidas con la tradición católica del país; y 4) La convicción de que Ríos no tiene intención de convocar elecciones libres. El documento también relata cómo el General Lucas fue
coaccionado a renunciar en marzo de 1982 por la junta de Ríos.
Aunque estaba preparado para resistir el golpe, Lucas finalmente cedió
después de ser conducido a un túnel donde su madre y hermana
permanecían retenidas con rifles apuntando a sus cabezas.
Agosto de 1983
La CIA realizó este extenso análisis de inteligencia sobre
el régimen del Presidente Ríos y sus perspectivas de futuro
justo dos semanas antes de que fuera derrocado por su Ministro de Defensa,
General Oscar Humberto Mejía Víctores. El documento
comienza con un franco examen de la historia y raíces de la violencia
política en Guatemala, empezando por el golpe militar de 1954 patrocinado
por la CIA, un acontecimiento que anunció una era en la que coaliciones
poco firmes de la elite gobernaron Guatemala bajo “el entendimiento tácito
de que un proceso político inmanejable o poco predecible –tales
como unas elecciones libres o una participación popular mayor- es
contrario a sus intereses”. A pesar de que durante el mandato de
Ríos el ejército trató “con extrema violencia los
pueblos controlados por la guerrilla”, en el documento se le atribuye el
mérito de haber adoptado “una estrategia contrainsurgente más
lúcida” y de haber reducido el nivel de “violencia indiscriminada”
que caracterizó el régimen de Lucas. El análisis
pronostica que “la tendencia presente hacia un gobierno moderado” se mantendrá
a corto plazo si Ríos permanece en el poder durante los próximos
dos años –algo que el analista de la CIA considera sólo probable.
9 de octubre de 1983
Aunque el General Mejía controla de facto el gobierno de Guatemala
después del golpe de estado en agosto de 1983 contra el Presidente
Ríos, una nueva base de poder ha surgido “entre bastidores” liderada
por el Coronel Juan José Marroquín Siliezar, jefe del Estado
Mayor Presidencial, y el General Héctor Alejandro Gramajo Morales,
subjefe del Estado Mayor del Ejército. Este documento informa
que los oficiales del ejército guatemalteco están empezando
a sospechar que Gramajo y el Coronel Roberto Enrique Mata Gálvez,
comandante de las fuerzas armadas en el departamento de El Quiché,
están trabajando en confabulación con la CIA.
15 de noviembre de 1983
El Embajador de los EEUU Frederic Chapin remite sus comentarios sobre
la muerte de tres personas que trabajaban en un proyecto patrocinado por
la Agencia para el Desarrollo Internacional norteamericana. Chapin
discrepa con la versión oficial del suceso y propone que “el incidente
fue una respuesta inmediata del Archivo bajo el Coronel Juan José
Marroquín Siliezar (jefe del estado mayor del presidente) a la contundente
presentación sobre derechos humanos realizada por el Subsecretario
Ikle y el Secretario de Estado Adjunto Elliot Abrams el 7 de noviembre”.
Aunque el caso “clama justicia”, Chapin recomienda que los EEUU reaccionen
con cautela hasta que la situación de la víctima desaparecida
sea aclarada.
2 de febrero de 1984
La Embajada de los EEUU en Guatemala informa de las circunstancias alrededor
de dos secuestros recientes en la ciudad de Guatemala, sugiriendo que ambos
parecen haber sido obra de las fuerzas de seguridad del gobierno.
El documento describe en detalle como una de las víctimas, Sergio
Vinicio Samayoa Morales, fue secuestrada del hospital por diez hombres
armados justo antes ser operado de las heridas de bala sufridas más
temprano ese mismo día. En su análisis, el Embajador
de los EEUU Frederic Chapin señala que “estos espantosos secuestros
indican que las fuerzas de seguridad golpearán cuando el objetivo
sea de importancia”. Chapin propone que los EEUU pueden pasar por
alto esta clase de atrocidades y “resaltar el concepto estratégico”
o “seguir una trayectoria moral más elevada”, pero no se debe continuar
zigzagueando entre estas dos posiciones.
28 de marzo de 1986
Este documento es un análisis extenso sobre las raíces
de la violencia en Guatemala que intenta explicar el número extraordinario
de secuestros y desapariciones que han plagado el país durante los
últimos nueve años. El estudio encuentra que la mayoría
de las víctimas han sido campesinos ladinos, indios agricultores,
estudiantes y maestros detenidos para ser interrogados en centros del ejército
y después asesinados tras horas o días de tortura e interrogatorio,
y concluye que, “ las fuerzas de seguridad del gobierno estuvieron detrás
de la mayoría de los 6.515 secuestros ocurridos entre 1977 y 1985.
El ejército ha tomado medidas para ocultar su participación
en estas actividades antes de ceder el poder al Presidente Vinicio Cerezo
en enero de 1986, temeroso de que el nuevo gobierno civil pudiera investigar
estas acusaciones. Por ejemplo, a finales de 1985 el ejército
transfirió los expedientes secretos del Archivo a la dirección
de inteligencia del ejército (D-2) para mayor seguridad. El
Archivo, dice el estudio, era “un grupo secreto en la oficina del Presidente
que recolectaba información sobre insurgentes y operaba contra ellos”.
circa julio de 1986
El director de la Oficina de Inteligencia e Investigación del
Departamento de Estado, Morton I. Abramowitz, informa al presidente del
Comité Especial de Inteligencia del Senado sobre la mejora de la
actuación gubernamental en materia de derechos humanos bajo la presidencia
de Cerezo, primer presidente civil de Guatemala desde hace 15 años.
Abramowitz juzga que el nivel de violencia política ha bajado desde
que Cerezo está en el cargo, pero señala que la falta de
disposición del presidente a iniciar “investigaciones al estilo
de Argentina sobre abusos de derechos humanos en el pasado era una decisión
calculada” dirigida a apaciguar al ejército cuyo apoyo necesita.
Al igual que en el documento anterior, la carta de Abramowitz menciona
que el ejército disolvió el Archivo antes de ceder el poder
a un gobierno civil y transfirió sus expedientes a la dirección
de inteligencia del ejército.
Febrero de 1989
Este telegrama informa que grupos vigilantes que operan desde dentro
de la Policía Nacional y la Policía de Hacienda guatemalteca,
frustrados por lo que perciben como incapacidad del sistema judicial para
hacer frente al creciente índice de criminalidad, están “capturando
y asesinando individuos con muchos antecedentes penales”. El autor
cree que estas actividades están siendo dirigidas por el jefe de
la Policía Nacional “o posiblemente alguien más arriba”.
Una fuente incluso considera que el ejército ha autorizado una banda
de civiles comisionados militares para “hacer redadas de criminales y personas
indocumentadas” y entregarlos al ejército para ser asesinados ya
que el ejército “no tiene medios legales para procesarles”.
Estos grupos parecen ser diferentes del escuadrón de la muerte Jaguar
Justiciero, un grupo que ha resurgido recientemente y del que se piensa
tiene “una lista negra actualizada de 200 individuos”.
31 de agosto de 1989
Fuentes de la inteligencia militar de los EEUU indican que el Directorio
de Inteligencia del ejército (D-2) está implicado en la última
oleada de bombas en la ciudad de Guatemala y puede haber utilizado los
disturbios recientes como pretexto para intimidar a los grupos de la oposición.
Se informa que la Sección Operaciones Especiales de la D-2 fue responsable
de los ataques con granadas a la sede de dos organizaciones, las Brigadas
Internacionales de Paz (PBI) [Peace Brigades International] y el Grupo
de Apoyo Mutuo (GAM). Otras bombas se atribuyen a la Organización
Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA) y al propio partido Cristiano
Demócrata del presidente.
Noviembre de 1989
Una fuente le cuenta a la sección de la CIA en Guatemala que
la Dirección de Inteligencia (D-2) ha investigado más de
500 denuncias de supuestas violaciones de derechos humanos y ha encontrado
que la mayoría son casos de delitos comunes “sin relación
con la violencia política”. La mayoría de los “desaparecidos”
son en realidad criminales, huidos o gente que se ha unido a la guerrilla
o emigrado ilegalmente a los Estados Unidos. Aunque la sección
de la CIA está de acuerdo con que los grupos de derechos humanos
algunas veces distorsionan o inventan sus denuncias, el autor está
“casi seguro de que oficiales de la D-2 y comandantes de las zonas militares…están
implicados en desapariciones y ejecuciones extrajudiciales”.
16 de febrero de 1990
Este documento contiene una lista de todo el personal conocido adscrito
a principios de 1990 a la Dirección de Inteligencia (D-2), una organización
cuyas funciones se dicen comparables a las de la CIA, FBI [Federal Bureau
of Investigation/Oficina Federal de Investigación], Agencia de Inteligencia
de Defensa y Agencia Antidrogas. El documento describe una red de
“control formal e informal” manejada por la D-2 y establecida entre los
miembros de “varias organizaciones capaces de alimentar el aparato general
de inteligencia”, y proporciona un perfil del entrenamiento y antecedentes
de un oficial típico de la D-2. Básicamente la D-2
es una organización de inteligencia basada en fuentes personales
que “ha llevado a cabo controles técnicos (grabaciones) y vigilancias
de ciudadanos norteamericanos” y ha reunido la llamada “inteligencia romántica”
por la que “se recolecta información de las actividades, inclinaciones
y vulnerabilidades sexuales de determinadas individuos” y “se explota consecuentemente”.
12 de septiembre de 1990
El General Juan Marroquín Siliezar era uno de los principales
rivales del Ministro de Defensa Héctor Gramajo que se confabuló
con los conspiradores para derrocar al Presidente Cerezo en 1989.
No fue castigado en su día por su papel, pero fue promocionado en
un intento del gobierno por cooptar a los militares de línea dura
que quedaban. Sin embargo, en septiembre de 1990, el nuevo ministro
de defensa, General Leonel Bolaños Chávez, tomó finalmente
la decisión de destituirle aparentemente por su vinculación
con los partidos políticos de la oposición. Este telegrama
describe cómo Bolaños atrajo a Marroquín –que era
en ese momento el jefe del estado mayor del ejército- a su despacho
y le recibió con un contingente de soldados, mientras dos pelotones
de la Brigada de la Guardia de Honor tomaban la residencia de Marroquín
y capturaban a su familia. El documento señala que Marroquín
parecía dispuesto a luchar por su rehabilitación y que probablemente
tenía el apoyo de una parte importante de las fuerzas armadas.
Fuentes informan que la mayoría del ejército duda que Bolaños
estuviera detrás de la acción y que el ex ministro de defensa
Gramajo puede haber orquestado la destitución.
10 de mayo de 1991
El embajador Thomas Stroock describe la estrategia, tácticas
y modus operandi tras la campaña de terror recientemente librada
por escuadrones de la muerte organizados por las fuerzas de seguridad
del gobierno. La ola de “violencia selectiva” –que durante el año
asesinó a la antropóloga Myrna Mack Chang y a la activista
política Dinora Pérez entre otros- tiene como objeto sembrar
el miedo entre los miembros de las organizaciones de izquierda consideradas
por el gobierno partidarias de la guerrilla. Basándose en
varias fuentes, Stroock concluye que estos ataques han sido organizados
y ejecutados por “individuos que son miembros de las fuerzas de seguridad,
con frecuencia de inteligencia militar (D-2), pero también por otros
procedentes de la seguridad presidencial, comandancias de zona y ocasionalmente
de las fuerzas de la policía civil”. El embajador está
también preocupado porque el Presidente Serrano “parece ambiguo
con el asunto, ambigüedad que alimenta la violencia” y señala
que la administración puede tácitamente estimular “la eliminación
física de la izquierda como potencial contendiente por el poder
en un futuro remoto”.
Junio de 1991
Fuentes indican que el Ministro de Defensa Mendoza ha lanzado una serie
de ataques verbales contra la Dirección de Inteligencia del Ejército
(D-2), afirmando que ha caído “bajo el control” de la inteligencia
de los EEUU. En particular, Mendoza ha acusado a la D-2 de pasar
información a las agencias de inteligencia de los EEUU sobre el
asesinato del ciudadano norteamericano Michael DeVine, un caso que provocó
la suspensión de la asistencia en materia de seguridad de los EEUU.
Las fuentes conjeturan, sin embargo, acerca de la falta de sinceridad de
estas acusaciones y consideran que los esfuerzos de Mendoza por debilitar
a la unidad de inteligencia están relacionados con su supuesta vinculación
a traficantes de drogas. Señala el documento que la D-2 “es
la única organización con credibilidad del país que
desempeña tareas contra el narcotráfico”.
27 de agosto de 1991
Según este telegrama, el fenómeno de la “Tanda” –alianza horizontal que se desarrolla entre los graduados de una clase en la academia militar y persiste durante toda sus carreras- ya no tiene tanta influencia en Guatemala como en otros países de América Latina. Aunque las “Tandas” eran fuertes en Guatemala en los setentas, fueron severamente dañadas durante los golpes militares de los ochentas. Durante el movimiento contra el Presidente Lucas García, por ejemplo, compañeros de clase de la academia militar con fuertes alianzas entre ellos se vieron súbitamente enfrentados unos contra otros. Mientras unos vieron mejorar su fortuna con el nuevo régimen, “aquellos que se habían mantenido fieles a Lucas se vieron relegados a posiciones de menos importancia”. Con el derrocamiento de Ríos en 1983, la situación dió la vuelta. Desde entonces, la vieja amistad no se ha renovado, “y aquellas lealtades horizontales entre los compañeros no se han reestablecido de hecho”. Paralelamente, las alianzas verticales reemplazaron a la “Tanda”, forjando
lealtades entre oficiales dentro de sus campos de especilización
particulares. Entre estos, uno de los grupos mas importantes e influyentes
es la Cofradía, una “columna vertical de oficiales de inteligencia”,
que “representa la red mas fuerte de lealtades dentro de la institución”.
Otra alianza vertical fuerte que se dice comparte su influencia con la
Cofradía es al de los “Operadores”, un grupo de comandantes y especialistas
de operaciones implicados de cerca en la planificación y conducción
de la guerra antiguerrillera. Otras Cliques similares existen tambien entre
los oficiales élite los paracaidistas y los kaibiles, y los pilotos
de la fuerza aerea.
8 de junio de 1993
Fuentes de la inteligencia militar de los EEUU informan que el General
Jorge Roberto Perussina Rivera y varios de sus oficiales confrontaron al
Presidente Ramiro De León Carpio en el palacio presidencial y le
forzaron a nombrar a Perussina Ministro de Defensa. Aunque el presidente
ya había decidido darle el trabajo al General Mario René
Enríquez Morales, se sometió y pidió a Enríquez
que aceptara el puesto de jefe del estado mayor del ejército “por
un período breve de tiempo y por el bien del ejército”.
Perussina, un oficial de alto rango de la línea dura que había
apoyado el fallido intento del Presidente Serrano de disolver las ramas
legislativa y judicial del gobierno sólo un mes antes, estuvo de
acuerdo en dejar el Ministerio después de tres meses. El autor
del documento comenta que el breve mandato de Perussina como Ministro de
Defensa es “cosa buena” ya que no habrá armonía en el ejército
hasta que él se retire.
21 de junio de 1993
Fuentes de la inteligencia indican que el General Perussina, el recién
nombrado ministro de defensa, no ha sido bien recibido por el cuerpo de
oficiales, la mayoría de los cuales creen que debería de
haberse jubilado tras su implicación en el fallido autogolpe de
Mayo. Esta disidencia hará más fácil para el
Presidente De León Carpio la destitución de Perussina cuando
llegue el momento.
11 de abril de 1994
Determinadas fuentes informan a oficiales de la inteligencia militar
de los EE.UU. que desde 1984-86 la dirección de inteligencia del
ejército (D-2) coordinó la campaña de contrainsurgencia
en el suroeste de Guatemala desde la base aérea del sur en Retalhuleu,
usándola como puesto de operaciones y como centro de interrogatorios.
Las pequeñas edificaciones que fueron usadas en su día como
celdas de interrogatorio han sido destruidas, y fosas "que estuvieron alguna
vez llenas de agua y fueron usadas para retener allí a los prisioneros"
han sido rellenadas con cemento. Para desprenderse de los prisioneros
después de los interrogatorios, el personal de la D-2 los habría
hecho volar sobre el océano y los habría empujado, a veces
todavía vivos, desde las aeronaves. "De esta forma la D-2
ha sido capaz de eliminar la mayoría de las evidencias de que los
prisioneros habían sido torturados y asesinados". A oficiales
actualmente destinados en Retalhuleu que querían cultivar parcelas
con hortalizas les fue denegado el permiso para cultivar ciertas zonas
"porque esos sitios… eran lugares de enterramientos que habían sido
utilizados por la D-2 a mediados de los ochenta".
20 de abril de 1994
Los oficiales que rodean y apoyan al Coronel Otto Pérez Molina,
jefe del estado mayor presidencial, pertenecen a la facción militar
más democrática, a pesar de haber salido de entre las filas
de la dirección de inteligencia del ejército (D-2) durante
los peores años de violencia a principios de los ochentas.
Como el autor del telegrama observa, "son progresistas que crecieron con
manchas de sangre en sus manos…" Aunque no hay evidencia directa
que vincule al anterior director de la D-2 Pérez Molina con esas
actividades, no está claro hasta qué punto esos oficiales
todavía están "influenciados por su pasado".
3 de noviembre de 1994
Un informante atestigua que los guerrilleros capturados deben trabajar
con la inteligencia militar (D-2) contra sus antiguas unidades so pena
de ejecución sumaria. Sólo los que tienen un significativo
"valor propagandístico" son paseados por los medios de comunicación,
mientras que la mayoría de los demás son interrogados extensamente
y entonces, o reclutados para la D-2 o asesinados. La fuente añade
que esta ha sido una práctica que no ha cambiado bajo la actual
dirección del ejército.
24 de noviembre de 1994
Una fuente dentro del ejército guatemalteco describe la reacción
de los militares al incremento de la presión de EEUU para esclarecer
el paradero del líder rebelde capturado Efraín Bámaca
Velásquez – esposo de la abogada estadounidense Jennifer Harbury.
El alto mando del ejército, dice la fuente, ha ordenado al personal
militar destruir cualquier “evidencia incriminatoria... que pudiera comprometer
la seguridad o el estatus de cualquier miembro del ejército guatemalteco”.
La destrucción de documentos, calabozos y centros de interrogación
ya ha sido lograda en la Base Aérea de Retalhuleu, y el ejército
ha diseñado una estrategia para impedir que futuras “comisiones
de investigación de Naciones Unidas” accedan a las bases para examinar
sus archivos. El autor del mensaje asegura que, “Todos los registros escritos
relacionados a este caso y probablemente otros mil mas como este ya habrán
sido destruidos”.
1 de febrero de 1995
Una fuente discute si el Coronel Julio Roberto Alpírez fue responsable
de la tortura y ejecución del guerrillero Efraín Bámaca
Velásquez. La fuente asegura que el Coronel Alpírez “era
totalmente capaz” de llevar a cabo estas acciones, pero cree que él
“probablemente habría delegado la responsabilidad final de eliminar
a Bámaca a un oficial de bajo rango o a un especialista de su confianza”.
La fuente también cree que el ejército “no va a entregar
a uno de los suyos” a fin de reducir la presión internacional sobre
el caso, y agrega que cualquiera que desee dar información al respecto
“tendría mucho que perder si el Coronel Alpírez abre la boca”.
Alpírez fue un agente a sueldo de la CIA hasta 1995, cuando el Ex
Congresista Robert Toricelli reveló su papel en el encubrimiento
del asesinato del estadounidense Michael DeVine en 1990, y la tortura y
muerte de Bámaca en 1992.
24 de febrero de 1995
Se dice que el Subjefe del Estado mayor del Ejército, el General
Carlos Enrique Pineda Carranza, ha impedido que una comisión histórica
del ejército – encargada de escribir una historia oficial del conflicto
interno – acceda a los archivos del ejército guatemalteco. Al hacer
esto, Pineda esta desobedeciendo órdenes de sus superiores inmediatos,
y se dice que está trabajando junto a oficiales de la Dirección
de Inteligencia (D-2) “para impedir que eventos ‘embarazosos’ sean puestos
al escrutinio público”. A la fuente le preocupa “que algunos registros
puedan ‘desaparecer’ como resultado de los esfuerzos del General Pineda
y sus amigos[sic]”.
14 de Septiembre de 1995
En un esfuerzo por mejorar la imagen de derechos humanos de Guatemala, el Presidente Ramiro De León Carpio ha anunciado que desmantelará el sistema de 35 años de comisionados militares, una estructura que desde hace mucho ha proveído al ejército con “un flujo regular” de información de inteligencia sobre “ insurgentes, sospechosos de ser simpatizantes de insurgentes, y actividades criminales”. Sin embargo, se informa también que el ejército mantendrá de manera secreta a los comisionados y sus funciones de apoyo bajo un nombre y estructura diferentes. Bajo este nuevo arreglo, la Dirección de Inteligencia (D-2) recopilará una lista maestra de los 25,000 “colaboradores” más importantes, que seguirán jugando un papel “invisible” para el ejército. El nuevo sistema pretende preservar “la valiosa red de recolección HUMINT [human source intelligence – inteligencia de fuente humana] que es clave para dar seguimiento a las actividades insurgentes”, y al mismo tiempo permitirá “poder negar [su existencia] si surgieran denuncias de que se está manteniendo a los comisionados”.
El Ejército de Guatemala: Lo que Revelan los Archivos de EEUU
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